Conclusiones de la Jornada sobre Debates de la Empresa Agroalimentaria celebrada en el Club Financiero Génova el día 14 de noviembre de 2024
El encuentro celebrado el 14 de noviembre en el Club Financiero Génova, organizado por la Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, reunió a destacados representantes del sector agroalimentario para debatir sobre los desafíos regulatorios en materia de sostenibilidad.
CONCLUSIONES
El sector agroalimentario en España muestra cada día su importancia y su competitividad, aportando el 9,2% del Valor Añadido Bruto de la economía nacional, porcentaje que se distribuye entre el sector agrario con un 2,6%, la industria alimentaria con un 2,5% y un 4,1% la distribución alimentaria.
Gracias al trabajo de los cerca de 600.000 agricultores, ganaderos y pescadores, de las más 28.000 industrias alimentarias y de las 180.000 empresas de la distribución, España se constituye como una potencia agroalimentaria, siendo el cuarto país exportador de la Unión Europea y el séptimo del mundo, con una producción muy diversa, modernizada y competitiva. Las cifras de los intercambios comerciales de 2023 siguen mostrando la potencia del mercado exterior, con 70,5 miles de millones de € en las exportaciones, 55 miles de millones en importaciones (que por otro lado, cada vez se muestran más fuertes), lo que supone un saldo positivo de 15,5 miles de millones.
Tras el debate desarrollado sobre “La cadena alimentaria ante los retos regulatorias en materia de sostenibilidad”, con ocasión del encuentro mantenido el 14 de noviembre, se ha concluido, con el consenso de todos los participantes, que el sector agroalimentario español, pese a las incertidumbres y amenazas a los que se enfrenta, es un sector competitivo que sigue teniendo mucho futuro por delante, si bien también tiene muchas asignaturas que superar y, especialmente, tiene muchos “estorbos” que retirar de su camino para poder alcanzar todo su potencial.
Sobre ese consenso en la confianza de un sector agroalimentario generador de valor para sus operadores, de riqueza para la economía nacional y garante de la soberanía alimentaria de nuestro país, tras el debate e intercambio de puntos de vista entre los participantes, se pueden destacar como principales puntos sobre los que se debe trabajar de forma prioritaria para su mejora, los siguientes puntos:
1.- Resulta necesario reconocer y garantizar el carácter estratégico de la agricultura, la ganadería, la industria alimentaria, y la distribución alimentaria, dada su importancia en la economía nacional, su capacidad para fijar empleo y dinamizar la actividad económica en una gran parte del territorio nacional.
En este mismo sentido, debe reforzarse y ponerse en valor el carácter de servicio esencial del conjunto de la cadena de suministro, tal como se ha puesto en evidencia en las distintas situaciones complejas que hemos sufrido en los últimos años.
2.- Debe incorporarse a los procesos de diseño de las políticas agrarias, y a su posterior aplicación, una visión integral de la cadena de valor, de tal manera que dichas políticas tengan en cuenta las necesidades y capacidades de los distintos actores que intervienen a lo largo de la cadena, así como las posibilidades reales de su aplicación. Esto debe suponer un cambio en la forma de trabajar, considerando el sector agroalimentario como una unidad y no como un conjunto de subsectores diferenciados y, a menudo, desconectados o enfrentados.
3.- Deben adoptarse las medidas que garanticen el suministro de alimentos variados, saludables y a precios accesibles a toda la población, también en las zonas rurales más remotas. Facilitando el acceso del conjunto de la población al comercio alimentario, asegurando el derecho a la alimentación y contribuyendo a detener la despoblación del territorio.
4.- Se debe reconocer a la agricultura su papel como uno de los principales aliados en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos, dada su capacidad para absorber y secuestrar el CO2 de la atmósfera, y por tanto fundamental para alcanzar la neutralidad climática. Igualmente se deberá reconocer la contribución del regadío en la minoración del impacto del cambio climático y en la garantía de la soberanía alimentaria.
5.- Se facilitará a los productores la adaptación de las actividades agrícolas y ganaderas y la sostenibilidad de sus explotaciones ante las limitaciones y condiciones derivadas de las políticas de transición ecológica, que requerirán reducciones en los consumos de abonos, de fitosanitarios, de medicamentos veterinarios, de agua de riego y un aumento de las producciones ecológicas.
6.- Deberá reforzarse la posición negociadora de los productores en la cadena de suministro y en la formación de los precios, favoreciendo su integración en cooperativas y otras organizaciones que les dote de mayor capacidad negociadora, incentivando, igualmente, el funcionamiento de las organizaciones interprofesionales que hagan posible los acuerdos entre todos los operadores de la cadena y los acuerdos de integración.
7.- Se promoverá una cadena alimentaria creadora de valor que posibilite una distribución equilibrada del mismo, entre sus actores. Posibilitando que se obtengan retornos económicos justos, que se generen nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad económica y se favorezca la necesaria renovación generacional.
Se deberá mejorar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales, fijando y difundiendo criterios de interpretación de la Ley de la Cadena Alimentaria, dado que su aplicación práctica suscita dificultades, que se han agudizado con las últimas modificaciones introducidas.
8.- Se trabajará para buscar la simplificación y una mayor coherencia de las políticas agrícolas y alimentarias a nivel nacional y autonómico, entre sí, así como con las políticas nacionales y europeas de producción y comercialización, de protección y promoción de la salud, de preservación del medio ambiente, bienestar animal y sanidad vegetal. La simplificación debe comenzar por una integración normativa agraria, pero también administrativa: integrando toda la información agraria en el menor numero posible de registros administrativos agrarios, pero avanzando hacia una unidad, la que representa el Registro mercantil, a semejanza de la ultima reforma que ha tenido lugar en Francia en el mismo sentido ya en el 2021.
En este sentido, el adecuado funcionamiento del sistema alimentario, requiere la coordinación y armonización, entre otros, en los ámbitos de:
- La regulación de la cadena de valor.- Disponiendo de un marco legal, sencillo, estable y equilibrado, que evite pérdida de competitividad, ineficiencias y tensiones entre los operadores de la cadena de suministro. Eliminándose la complejidad del texto actual y estableciéndose criterios interpretativos claros sobre las cuestiones más complejas.
- Las normativas en sostenibilidad.- Con normativas nacionales que estén armonizadas y alineadas con las disposiciones europeas y de otros países comunitarios, a la vez que se reducen la burocracia y los costes de aplicación de la regulación, evítándose problemas como los existentes en la aplicación del Reglamento de Deforestación.
- La regulación sobre envases.- Adecuándola a las posibilidades reales de aplicación de los operadores obligados a su cumplimiento y evitando la pérdida de competitividad ante países competidores.
9.- Se deberán poner en valor las condiciones europeas de producción de los alimentos en España, en relación a terceros países, y las normas y controles a los que está sometida la producción. De tal manera que los agricultores, ganaderos e industriales no se vean obligados a competir con productos importados que no cumplan las mismas exigencias de seguridad y sostenibilidad de los alimentos producidos en España.
En este sentido se deberá trabajar por la homologación de los controles sanitarios a la importación de alimentos y materias primas procedentes de terceros países, al objeto de garantizar la competitividad de nuestras empresas.
10.- Se deberá promover y difundir entre los consumidores un mejor conocimiento de los sistemas de producción de alimentos y del trabajo que existe detrás de cada uno de los alimentos que se consume, como manera de recuperar la conexión entre mundo urbano y mundo rural y de mejorar la valoración de nuestra agricultura y ganadería ante la sociedad.
11.- Se deberá difundir entre la población el conocimiento de la Dieta Mediterránea y los beneficios que se derivan de la misma. Garantizando, dentro de las pautas de consumo establecidas en dicho modelo de alimentación, la igualdad de condiciones entre los alimentos de origen vegetal y animal, evitando “criminalizar”, ni priorizar, sin criterios científicos, el consumo de unos productos por encima de otros. Así mismo, se deberán trasladar al consumidor unas pautas adecuadas de consumo que contribuyan a reducir el desperdicio alimentario en los hogares y la restauración.
12.- Se deberá disponer de sistemas de detección temprana y de un marco de coordinación, seguimiento y respuesta ante posibles alteraciones en el sistema alimentario, que permita prevenir las consecuencias que pudieran derivarse de factores climáticos, sanitarios, medioambientales o políticos no controlables y que permita disponer de capacidad para anticiparse y reaccionar de forma rápida y eficiente ante cualquier alteración en el funcionamiento de la cadena de suministro y de los mercados agroalimentarios.